Los obispos
mexicanos no ceden
El Observador
Es necesaria una nueva legislación para que la
contribución de la Iglesia católica sea ya reconocida en nuestro país
Durante esta semana,
el debate que ha enfrentado a ciertos partidos políticos con los obispos
mexicanos ha tomado un nuevo derrotero. A las diatribas en contra de la
supuesta intromisión de la religión en la política, marcadas por un
autoritarismo y una discriminación inusuales (la intolerancia disfrazada
de tolerancia), la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha dado un
golpe de timón, y ha llevado la discusión hacia la eliminación -de una vez
y para siempre- de toda forma de discriminación fundada en la religión y
en las convicciones religiosas de cada quien. Discriminación que se
practica con regular alegría entre "los actores políticos" y el gobierno,
quienes parecieran ser los dueños de la democracia y de las elecciones de
este año 2003.
No hay normalidad
democrática si hay contradicción constitucional
El documento que ha
hecho dar el citado golpe de timón es un comunicado a la opinión pública,
al ejecutivo federal, al presidente de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, firmado por
el canónigo de la basílica de Guadalupe, padre José Raúl Soto Vázquez, y
que la CEM ha puesto al frente de su portal electrónico, con lo que le
confiere un carácter abierto a la polémica, sin que sea la posición
oficial del episcopado.
El documento no tiene
desperdicio alguno. Comienza con una aclaración: la controversia que se ha
montado no es entre religión y política, sino entre la predicación (que le
es propia a la Iglesia católica) y aquellos que -supuestamente amparados
en la Constitución mexicana- quieren impedir, a toda costa, que se
predique a los católicos. Más adelante, en el primero de los ocho puntos
de los que consta el documento, el padre Soto recuerda que los pactos
internacionales que firme México deben ser adecuados en la Constitución
para que tengan plena vigencia entre los mexicanos. Y que los pactos
internacionales tienen preeminencia sobre las leyes nacionales.
México firmó la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y la adecuación, en
1962, de ésta. En ella se señala la libertad de todos los hombres, su
derecho, a profesar un credo. En la adecuación, la eliminación de todas
las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las
convicciones religiosas. Además, nuestra propia Constitución, en su
artículo primero, prohíbe toda discriminación, por cualquier motivo,
incluido el religioso. Hay, pues, una terrible contradicción al prohibirse
a los ministros de culto participar siquiera en el ámbito de la política.
Y la contradicción
-señala el documento- está en la misma Constitución, pues en el artículo
primero señala una cosa, y en muchos otros artículos se discrimina a
ciudadanos mexicanos, como, por ejemplo, el artículo 130 (Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público), en el que se prohíbe a los
ministros de culto opinar sobre el voto o las elecciones. Se les
discrimina tajantemente, por lo que es necesario iniciar una controversia
constitucional para corregir, entre otros, el artículo 130, perfeccionando
el texto y llegando, tras muchas dudas y muchos reclamos infundados a la
Iglesia católica, a una legislación definitiva.
El cambio se quedó
estacionado como un eslogan de campaña
En el punto número
cinco, el padre Soto recuerda que ha sido el propio presidente Fox (tras
los ataques a la intimidad de su familia) quien ha dicho que "de ninguna
manera (el gobierno del cambio) va a sofocar la libertad de expresión" de
la que gozamos los mexicanos. En un exabrupto ya famoso habló también de
la "libertad de calumniar" que hay ahora en el país. Resulta, por lo
menos, sospechoso "que todo el mundo tenga libertad de opinar menos la
Iglesia y los ministros de culto", dice el autor de este documento que ya
ha dado varias vueltas esta semana en la prensa nacional. Y añade: "Es tan
violento que solamente la Iglesia no pueda exigir justicia, sea
vilipendiada con fondos federales (arguyendo libertad de expresión) que
tenga que callar siempre, para no ofender los delicados oídos del poder y
los partidos. Muchos se alimentan todavía de los eternos prejuicios
creados a través de ciento cincuenta años de mentiras".
Por último, recuerda
el padre Soto Vázquez, que los obispos solamente siguen los lineamientos
marcados por la Santa Sede para todos los católicos del mundo (y México es
el segundo país con mayor número de ellos), explicando la necesidad, la
urgencia de un voto razonado e informado, mismo que pide el Instituto
Federal Electoral (IFE). Lo que los obispos exigen es coherencia: no se
puede ser católico y votar por partidos que van en contra del cristianismo
y de la ley natural. Se trata de defender el derecho de todos a construir
la democracia, y, en el fondo, de descubrir la riqueza de la aportación
católica al juego democrático. Quizá la confusión -termina el canónigo de
la Basílica- sea que los partidos políticos y los dirigentes del IFE crean
que hablan de separación Iglesia-Estado cuando exigen separación de fe y
política. Lo primero es correcto, lo segundo, una enfermedad que en
medicina se le llama esquizofrenia.
Publicado el 8 de
junio de 2003
|
