La prioridad de la vida humana es un elemento nuclear en una sociedad civilizada más allá de creencias o de ideologías.

El derecho a la vida proclamado en la Constitución no es susceptible de interpretaciones restrictivas ni de planteamientos retóricos.

La legislación comparada no ofrece modelos permisivos que puedan ser invocados y, en el terreno moral, la gran mayoría de los expertos plantea objeciones muy serias. No se trata, como pretenden determinados sectores laicistas, de contraponer una visión supuestamente "científica" y otra de tipo religioso.

La prioridad de la vida humana es un elemento nuclear en una sociedad civilizada más allá de creencias o de ideologías. Es más, el derecho a la salud, exige ofrecer cuidados hasta el límite de las posibilidades materiales.

Utilizar medios públicos para provocar la muerte y no para defender la vida supone una contradicción insalvable. En este punto, una mentalidad que se dice progresista ofrece una discrepancia entre sus principios y sus consecuencias. Entre otras cosas porque si se admite un caso excepcional, el punto de llegada puede ser un auténtico

drama en el que la vida sea objeto de transacción entre un paciente abrumado por su propia situación y un poder omnipotente que toma decisiones más allá de su ámbito de competencia. De esto ya tienen experiencia los mayores de Holanda, tal vez por eso huyen a Alemania.