La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala la constitucionalidad de la ley que despenaliza el aborto en el DF hasta las doce semanas de gestación, dejó muy clara la esquizofrenia en la que vive México...

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala la constitucionalidad de la ley que despenaliza el aborto en el DF hasta las doce semanas de gestación, dejó muy clara la esquizofrenia en la que vive México: la mayoría de los funcionarios actúa y decide a favor de la minoría de los ciudadanos.  Por cuestiones jurídicas, que no de justicia, el aborto es «legal», tal y como lo perpetró un órgano tan descoyuntado como la Asamblea Legislativa del DF.  Los ocho ministros que desecharon la ponencia del ministro Aguirre Anguiano —quien esgrimió, con enorme valentía, sapiencia y sentido común, el horror de una ley que va en contra del bien mismo que tutela la ley (que es, en última instancia, la vida humana)—, serán muy letrados, pero mostraron ser unos disminuidos brutales en la comprensión de la centralidad de la persona en una sociedad democrática.

No saben el daño que han hecho a México, porque ignoran el daño que han provocado en la historia todos aquellos que anteponen lo jurídico y correcto a lo humano y necesario.  Por lo demás, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Aguirre Anguiano mostraron a los ocho restantes que se puede ser un buen ministro sin necesidad de ser un leguleyo apegado, como ratón al queso, a su manual y a sus prejuicios, a su dichoso procedimiento y a su retahíla de autores alemanes, mal citados, mal comprendidos y peor interpretados.

Señores ministros Azuela Güitrón, Aguirre Anguiano, Ortiz Mayagoitia: nuestro reconocimiento a su estupenda hombría, a su valor cristiano y humano, a su martirio de escuchar y pelear —palmo a palmo— por la vida del concebido y por la libertad de la madre, ante tantas sandeces disfrazadas de técnica jurídica que sus compañeros y compañeras (¡ay, las señoras ministras, por Dios!) expusieron para satisfacer a los legisladores defeños y a otros necios que, seguro, les habrán de seguir la huella.  Toca ahora a la sociedad (una vez más) y a la Iglesia (por supuesto) resolver el conflicto que no supo resolver la Corte.  Resolverlo con una fórmula y una práctica muy sencilla: «que vivan los dos».

Jaime Septién / El Observador