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3. Cristianismo y legalidad

J. Antonio Doménech Corral

Tienen que ser la caridad, el respeto y la solidaridad los que acampen en las relaciones gobierno-jerarquía eclesial. Sin esa caridad, tan legal es que el Gobierno imponga sus decisiones, como que los católicos se movilicen contra ellas en la calle

Asegura el Eclesiastés, uno de los libros de la Biblia, que “no hay hombre justo sobre la tierra que haga bien y no peque”, porque la perfección solo es característica divina; la del hombre, en cambio, la imperfección. Y esta imperfección en el hacer del hombre hay que buscarla en la intencionalidad que le guía. Lo dice el Midrash judío, o libro que recoge las enseñanzas bíblicas en forma de cuentos con moraleja.

Me abstendré de afirmar rotundamente que al Ejecutivo socialista español, con su presidente a la cabeza, no le guía la búsqueda del bien de la sociedad que gobierna en la aplicación de las novaciones de ley que proyectan imponer. Al menos el bien de aquella parte de la sociedad que hasta ahora le ha tocado acampar a su aire, desprovista del reconocimiento legal que respalda al resto. Es el caso de las parejas de homosexuales. Y lo mismo diré de los otros sectores en desesperada situación, por el alivio que les va a suponer las previstas medidas para la despenalización del aborto, agilización en el plazo de obtención del divorcio o legitimar la eutanasia. Al fin y al cabo, aunque se trate de medidas contrarias a la doctrina y moral católicas, a nadie obliga a utilizarlas. El católico no deberá servirse de ellas; y el no católico actuará en libertad según su conciencia. Así de simple.

Sin embargo, dada la persistente confrontación Estado-Iglesia, sin todavía buscar ocasión para reunirse en un intento de solucionar la problemática que los mantiene de uñas, opino que la verdadera intencionalidad del Gobierno al imponer precipitadamente todas estas novaciones de golpe -y aquí radica su “pecado”- ha sido, por encima del bien que pueda suponer a los sectores afectados, la de cargarse la influencia que la iglesia católica mantiene sobre la sociedad española. Paso necesario para lograr introducir con éxito el laicismo total que pretende. Y para conseguirlo ha apurado todos los medios que le permite la Constitución, sin pararse a considerar los inconvenientes que conllevan. Por una parte, obstaculiza la enseñanza de la religión católica aún a costa de poner en peligro los puestos de trabajo de miles de profesores, mientras que por otra anuncia la dotación en las escuelas de profesores de religión islámica. Vocea la derogación de los acuerdos de España con el Vaticano y suspensión de las que denomina asignaciones privilegiadas de la Iglesia, a la vez que proclama la cantidad que donará al Islam. Ya con esto solo, era presumible que la cúpula de la Iglesia saltase indignada. Como ha sido. Una reacción esperada y aprovechada por el Gobierno para presentarla como enemiga de la sociedad que no comulga con su moral. Para tacharla de “antidemocrática”, “casposa”, “promotora de ofensivas” y con añoranza de “estar como con Franco, con una Iglesia de Estado”. Y cuando ya se ha despachado a gusto, incluidos los medios corifeos que controla, salta a escena el secretario de organización del partido socialista, José Blanco, y para crear mayor confusión declara que él también es cristiano; y que la inmensa mayoría de cristianos españoles aprueban estas decisiones que “están en la misma esencia del cristianismo”.

Ignoro la formación cristiana que haya podido recibir tanto el señor Blanco como esa “inmensa mayoría de cristianos” a que alude; pero no me parece la ortodoxa si incluye esas decisiones. Sin embargo, lo que seguro incluye la esencia del cristianismo es la caridad, el respeto y la solidaridad que, si acamparan en las partes enfrentadas, moverían: al Ejecutivo, a introducir sus novaciones con una especial sensibilidad religiosa hacia las creencias de los católicos; y a su jerarquía, a comprender que no puede condenar a actuar al margen de la ley a todo ciudadano que infrinja su moral. Porque sin esta caridad, tan legal es que el Gobierno imponga sus decisiones, como que los católicos se movilicen contra ellas en la calle.

 
 

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