6. 4 millones
José Ignacio Munilla Aguirre
El actual gobierno español pretende que el
matrimonio se devalúe a la condición de mera pareja de hecho; y que se
eleven a categoría de matrimonio otras uniones que no pasan de ser simples
parejas de hecho. Y para esto falsea y manipula las cifras.
En vísperas de la introducción de la ley
del divorcio en España, en 1981, el entonces Ministro de Justicia,
Francisco Fernández Ordóñez, afirmó sin titubeos que “medio millón de
parejas esperaban esa ley como agua de mayo para formalizar la ruptura de
sus matrimonios”. Afortunadamente, cometió un pequeño error de cálculo. El
número total de las parejas que solicitó el divorcio en los dos años
posteriores a la aprobación de la ley, no llegó al 7% de sus pronósticos.
En 1985 se despenalizaba la interrupción
del embarazo, con un argumento similar. Había que dar un marco legal a los
300,000 abortos anuales que se calculaban se estaban realizando en la
clandestinidad. Sin embargo, al año siguiente de la despenalización se
registraron tan solo 467 abortos legales.
Eso sí, a partir de ahí, el aborto y el
divorcio no han hecho sino crecer en España, hasta alcanzar los 77,000
abortos y 45,000 divorcios del año pasado. Paradojas de la vida, aquellos
datos ofrecidos a la opinión pública como estimaciones de una realidad
falseada, acabaron siendo más bien vaticinios de la degradación moral que
estaba por llegar. Lo cual demuestra que las políticas familiares no se
limitan a dar marco legal a las realidades sociales con las que se
encuentran, sino que las generan activamente.
Pero la historia se repite. La rueda de
prensa del 1 de Octubre pasado, en la que la Viceministra, Fernández de la
Vega, acompañada del Ministro de Justicia, López Aguilar, presentaron a la
opinión pública el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de
Ministros, no tuvo desperdicio por los argumentos con los que el Gobierno
justificó su decisión de equiparar las uniones de homosexuales a los
matrimonios. Guardemos esos datos para nuestra hemeroteca: “En España hay
4 millones de homosexuales”. “De acuerdo a más de 50 estudios, no hay
riesgo alguno para los niños adoptados por parejas de homosexuales”.
Antes de entrar en otras consideraciones,
constatamos una vez más el serio problema de comunicación interna que
existe en este Gobierno. El pasado 27 de Julio la ministra de Sanidad, Ana
Salgado, a propósito de la política de prevención del SIDA, se basaba en
los datos del INE: los españoles que dicen mantener exclusivamente
relaciones homosexuales son el 1 por ciento. Si se sumasen los que
declaran haber tenido algún contacto homosexual en su vida, la cifra
llegaría al 3 por ciento. Unas cifras muy en consonancia con las que se
barajan en otros países occidentales. Así, por ejemplo, el Instituto de
Estadística Canadiense hacía público en Junio el resultado de su último
estudio según el cual el 1.3 % de los hombres y el 0.7% de las mujeres se
declaraban homosexuales. ¿De dónde salen ahora los 4 millones de españoles
homosexuales contabilizados por la Viceministra; es decir, el 10 % de la
población española? Nos gustaría saberlo; y, desde luego, no sería de
recibo que se esquivase la pregunta recurriendo al argumento de que lo
importante son las personas y no las cifras. Algo de importancia deben de
tener los números cuando son manipulados con la intención de justificar
determinadas políticas.
Las datos ciertos son los que reflejan el
registro de parejas de hecho del Gobierno Vasco, publicados en Junio. En
el espacio de un año se han registrado en Euskadi 2,702 parejas, 162 de
las cuales eran homosexuales. Pero claro, para tener una idea aproximada
del segmento de la población del que estamos hablando, hay que añadir los
10,865 matrimonios, civiles y canónicos, que tuvieron lugar en ese mismo
periodo. Y entonces resulta que el primer año en el que todas las parejas
homosexuales que reivindicaban una regularización tienen ocasión de
hacerlo, no llegan al 1.2 % de las parejas totales, en datos del País
Vasco. En España hay ahora mismo registradas 10,474 uniones de hecho
homosexuales, según datos del INE. Representan el 0.11 % del total de
parejas censadas (8,900,000 matrimonios y 563,723 parejas de hecho
heterosexuales). ¿Tiene una explicación lógica que la presión de
determinados lobby homosexuales consiga cambiar el mismo concepto de
matrimonio? ¿La reivindicación de esas minorías a una regulación legal de
sus relaciones, va a convertir en políticamente incorrecta la concepción
del matrimonio como la unión del hombre y la mujer?
El cometido principal de la Iglesia en
materia moral es predicar la ley de Dios, tutelar la ley natural y, de
forma especial en nuestros días, salir en defensa del sentido común. Sin
embargo, en esta cuestión concreta, por una vez y sin que sirva de
precedente, se siente arropada por una opinión pública que se resiste a
reconocer que los niños puedan ser adoptados por parejas homosexuales. En
el momento en que escribo esta líneas, consulto los resultados de la
encuesta que la edición digital de El Mundo ha realizado sobre esta
cuestión, con un resultado clarificador. De los 55,323 votantes habidos,
el 67 % se muestra en contra de que las parejas homosexuales puedan
adoptar hijos. La alusión de la ministra a los 50 estudios que
supuestamente demuestran la inocuidad de esta experiencia con niños,
merece un comentario aparte, que reservo para otra ocasión. ¡Es una de las
manipulaciones más graves que se han dirigido jamás a la opinión pública!
¿Cómo cabría calificar la política
familiar de este Gobierno? Por una parte se facilita el divorcio de forma
que el matrimonio se devalúa en la práctica a la condición de mera pareja
de hecho; y, por otra, se elevan a categoría de matrimonio otras uniones
que no pasan de ser simples parejas de hecho. Estamos ante la “política de
la apisonadora”, donde los valores morales son igualados por debajo, que
no por encima.
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