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[FIRMAS] CARLOS DÍAZ

Democracia y desobediencia civil

¿Qué actitud tomar ante las leyes democráticas legales pero inmorales: acatarlas, contraviniendo la propia conciencia?

Ante la pasada invasión de Irak, uno se pregunta: ¿qué actitud tomar ante las leyes democráticas legales pero inmorales: acatarlas, contraviniendo la propia conciencia? Ciertamente no. ¿Desobedecerlas asumiendo entonces el riesgo de vivir de algún modo en la ilegalidad? Sí. Aunque el ejercicio de la democracia como disidencia por motivos morales no sea cómodo, hacer democracia verdadera puede también consistir en desobedecer ciertas formas de democracia falsa. Desde que san Agustín en el siglo V la acuñó con el lema «la ley injusta no es ley», la desobediencia usa la objeción de conciencia frente a las leyes injustas. Las leyes humanas a veces son incompatibles con la conciencia moral de los individuos, los cuales optan por desobedecerlas.

El término «desobediencia civil» se acuña a mediados del siglo XIX, aunque entronca con una larguísima tradición que se remonta a Sófocles, cuando Antígona entierra a su hermano Polinice contra la expresa prohibición de Creonte, el tirano de Tebas, inaugurando así un modelo de desobediencia a las leyes de la ciudad para cumplir las «leyes no escritas» que le mandaban enterrar a su hermano. Esta acción antepone el dictamen de la propia conciencia respecto a los mandatos legales. Ya a las puertas del mundo moderno John Locke (1632-1707) termina su segundo Tratado sobre el Gobierno Civil considerando la posibilidad de que el pueblo retire su consentimiento al monarca si éste no cumple los pactos. La revolución americana comienza con un acto de desobediencia a las leyes del té (1775) y formula en la Declaración de Independencia (1776) el derecho del pueblo a darse a sí mismo la forma de gobierno que estime conveniente e igualmente a derrocar al gobierno despótico. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la revolución francesa (1789) recoge asimismo el derecho de resistencia al opresor. También Henry David Thoreau (1817-1862) reacciona contra el esclavismo de la democracia formal norteamericana: «Cuando una sexta parte de la población de una nación que ha emprendido la tarea de ser el refugio de la libertad es esclava y todo un país es injustamente invadido y conquistado por un ejército extranjero y sometido a la ley marcial, creo que no es demasiado pronto para que los hombres honestos se rebelen y revolucionen». Thoreau actuó y se atuvo a las consecuencias: por negarse a pagar un impuesto para la guerra (objetor de conciencia fiscal temprano) fue detenido y encarcelado en 1846.

John Rawls define a la desobediencia civil como «un acto público, no violento, consciente y político contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas del gobierno». La desobeciencia civil, u objeción de conciencia, puede ser total, o parcial. Desde luego, existe una forma perversa de insumisión que no es sino complejo de Edipo rebelde, la del ciudadano a quien todo urtica porque tiene piel de bebé. Sin embargo, la desobediencia civil sólo está legitimada cuando además de existir una injusticia seria y duradera, los recursos institucionales no son operantes o hay fundamento para pensar que no van a serlo. Antes que desobedecer a las leyes hay que intentar cambiarlas, bien por la vía judicial o por la vía política. De lo contrario lo que se fomentará es la falta de respeto a la legalidad y el que cada cual haga la guerra por su cuenta; lo que dará lugar a un cierto estado de anomía.

Una Administración que trata a los ciudadanos como súbditos y unos poderes públicos que tienden a ver el poder como medio de obligar a los ciudadanos a someterse proporcionan justificación ética para rebelarse. Sin embargo, el hábito de la picaresca (esa forma de desobediencia tan poco civil y tan arraigada) debe hacer pensar si el recurso a la desobediencia civil va a producir más males que bienes o más bienes que males. La desobediencia civil no puede ser un nuevo manto ideológico para tapar y gorificar la falta de sentido cívico y de solidaridad con el bien publico.

Publicado el 25 de abril de 2003.

 
 

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