Sancionar el ruido
Javier Arnal
El ruido atenta contra los derechos fundamentales.
Hasta ahora, sinceramente yo pensaba que era un defensor algo aislado de
esta postura, pero ahora recibo la alegría de que el Tribunal
Constitucional de España lo ha reconocido en una sentencia en la que
confirma la sanción por exceso de sonido en un pub de Gijón.
Vamos
progresando en nuestra sociedad. Lo digo por los que sólo parecen percibir
los síntomas negativos de la sociedad que nos ha tocado vivir.
El
Ayuntamiento de Gijón sancionó al pub con 301,51 euros, éste recurrió
hasta llegar al máximo tribunal que ahora ha fallado a favor del
Ayuntamiento. Es una sentencia que pone de manifiesto la relevancia que ha
adquirido hoy en día la protección de los derechos vinculados con la
salud, la integridad física y la moral. Y añade que los ruidos, en la
sociedad actual, pueden llegar a representar una fuente permanente de
perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos.
Un dato
interesante es que el Ayuntamiento de Gijón se ha basado en su ordenanza
municipal sobre protección contra la contaminación acústica de 10 de julio
de 1992. La multa la impuso en 1998, y confirmada posteriormente por
sentencia de 18 de marzo de 1999 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Asturias.
La pregunta es
más que evidente: ¿cuántas sanciones ha impuesto? ¿todos han pagado en
Gijón las sanciones sin recurrir? ¿ha habido sentencias en contra del
Ayuntamiento? ¿hay ordenanzas suficientes en los ayuntamientos? Porque lo
que yo no me creo es que no haya un historial más extenso y rico en Gijón
en estos 12 años, simplemente por la experiencia que todos tenemos del
ruido en ciudades pequeñas, medianas y grandes.
Es un toque de
atención para esos pubs y discotecas que, semana tras semana, atentan
contra este derecho fundamental. Supongo que algo puede cambiar a partir
de ahora, pero sólo cambiará si los ciudadanos se movilizan para denunciar
esas situaciones y si los Ayuntamientos son valientes. No sé de ninguna
ciudad en que no haya quejas, y percibo un gran desaliento entre los
ciudadanos, porque se denuncian y no se interviene con decisión.
El Tribunal
Constitucional - el ponente ha sido su presidente, Manuel Jiménez de Parga-
destaca la relevancia que ha adquirido la protección de los derechos
fundamentales vinculados con la salud y, por extensión, la calidad de
vida. Recoge perjuicios que la Organización Mundial de la Salud relaciona
con el ruido: “ deficiencias auditivas, apariciones de dificultades de
comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e
isquemia, así como sobre la conducta social, en particular, reducción de
los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas”.
Un hito.
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