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Pagarse la religión
J. Antonio Doménech Corral
Defender la propuesta sugerida en algún medio de
que “el que quiera religión que se la pague”, justificaría también
defender “el que quiera sanidad, deporte, cultura y otras partidas
incluidas en el Presupuesto Nacional -de las que no todos se aprovechan-
que se las pague”.
Estoy de acuerdo con la libertad de
opinión y de su manifestación pública; pero siempre que se cumplan, por lo
menos, estos tres supuestos: conocimiento básico del tema, buenas maneras
en su planteamiento y respeto por el que no la comparta. Y esto que parece
moneda corriente en la prensa escrita, seguramente porque está en manos de
profesionales, es rara avis en los medios cibernéticos que de cualquier
noticia invitan al comentario escrito. Porque a la mayoría de sus autores
los descalifica la grosería con que se expresan, creyéndose amparados por
el anonimato de la contraseña con que aparecen.
Yo quiero referirme a la opinión “el que
quiera religión que se la pague” y de que no se invite también a otras
confesiones religiosas “al saqueo de dinero público que lleva practicando
históricamente la Iglesia católica en solitario”, aparecida en cierta
página web y compartida por casi la totalidad de los incorporados al foro.
Sirve de respuesta al anuncio hecho público el pasado 30 de junio por el
ministro de Justicia español, Juan Fernando López Aguilar, de conceder al
Islam 30 millones de euros anuales y otras cantidades a protestantes y
judíos, “porque -añade el artículo de opinión- resulta indignante vivir
con un gobierno que se dedica a robar a sus ciudadanos centenares de
millones de euros para entregarlos a la difusión de algo tan privado y
personal como la religión”.
En primer lugar, nada de saqueo de dinero
público por parte de la Iglesia católica. Hay que tener presente que, de
los 133 millones de euros recibidos del Estado el pasado año, 90 lo fueron
por voluntad expresa de los ciudadanos españoles hecha constar en su
declaración del Impuesto sobre la Renta, cumplimentando la casilla
correspondiente. Y de los 43 restantes, tampoco se puede echar en olvido
la ley general desamortizadora de 1820 por la que el gobierno de entonces
se apropió de los bienes de la Iglesia, causa remota de esta especie de
asignación compensatoria. Y no es que personalmente me oponga a esta
última decisión del ejecutivo, puesto que se trata de un derecho de
“cooperación” reconocido en el artículo 16,3 de la Constitución española y
que asiste tanto “a la Iglesia católica” como a “las demás confesiones”.
Porque el Estado puede ser laico y por tan justo motivo desentenderse del
tema religioso; pero no lo es la sociedad española que se muestra
claramente pluriconfesional y a la que tienen obligación de asistir y
servir los poderes públicos “teniendo en cuenta sus creencias”, según se
afirma en el mismo artículo. Sin embargo, lo que ya no parece
proporcionalmente equitativo es la cantidad barajada desde el ministerio
si tenemos en cuenta que el número de católicos españoles, sobre el papel,
ronda el 83% y el de islamistas apenas el 2%. Y que por otra parte la
Iglesia católica, prescindiendo de otros poderosos argumentos, sólo con
sus acreditadas organizaciones de Cáritas y Manos Unidas, copa el mercado
de la solidaridad asistencial invirtiendo: la primera, más de 25 mil
millones anuales de las antiguas pesetas y la segunda, siete mil;
cantidades de las que únicamente un 30% se han debido a subvenciones
públicas. Es decir, que recibe; pero también da y presta un servicio. Lo
más razonable sería destinar igualmente a cada confesión la asignación
tributaria que en el Impuesto sobre la Renta (IRPF) apoyen sus seguidores,
mas la proporcional dotación presupuestaria directa.
Pero defender “el que quiera religión que
se la pague”, justificaría similar descabellado posicionamientos en temas
como la sanidad, el deporte, la cultura, el desarrollo, la seguridad y
tantas otras partidas que se incluyen en el Presupuesto Nacional, de las
que no todos se aprovechan de todas y en las que cabría interpelarse lo
mismo: el que lo quiera que se lo pague.
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